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Recursos para el cambio

¿Cuántos cientos de millones hacen falta para superar la crisis? ¿Impuesto sobre el patrimonio o fondos de inversión? Una propuesta.

por Alberto Ferrucci

publicado en Città Nuova n.8/2012 el 25/04/2012

Draghi_MontiDespués de tomar decisiones en temas de patrimonio y rentas de posición que serían imposibles para un gobierno de derechas y decisiones sobre pensiones que serían imposible para un gobierno de izquierdas, el gobierno Monti, con la mirada puesta en los 30.000 millones anuales de intereses que podrían ahorrarse y utilizarse de manera distinta si el coste de la deuda italiana fuera parecido al de los países del Norte, ahora intenta cambiar la legislación laboral.

Tarea difícil para un país que tiene la mala costumbre de echar para atrás medidas oportunas por considerarlas “improponibles”, mala costumbre que es una de las causas de la enorme deuda pública acumulada a lo largo de los años. Se trata de una tarea especialmente ingrata cuando lo que se plantea es facilitar el despido y abolir algunas prestaciones sin ofrecer a cambio un sistema de subsidios por desempleo duraderos en el tiempo.

Todos hemos respirado aliviados cuando, gracias a las medidas adoptadas por el gobierno Monti y a la creatividad del presidente del BCE, Mario Draghi, se ha alejado el peligro de que el coste de nuestra deuda alcanzara niveles tales que no nos permitieran devolverla y tuviéramos que terminar como Grecia.

Un resultado no exento de consecuencias, que ha pillado con el pie cambiado a los trabajadores y a las empresas que intentaban reestructurarse gracias a la jubilación anticipada, mientras el aumento del IVA y de los impuestos sobre los carburantes han provocado una contracción del consumo y por consiguiente de los ingresos fiscales.

Pero hay que decir que aunque hayamos evitado caer en el precipicio, todavía no hemos conseguido alejarnos de él. Para ello hacen falta nuevos recursos, pero sin embargo no podemos tomarlos a préstamo, ya que nos hemos comprometido a tener unas cuentas equilibradas en 2013.

Es necesario intervenir en varios frentes. Supongamos, para hacer algunos cálculos, que podemos dividir esas intervenciones en paquetes de 20.000 millones de euros cada uno.

Los primeros 20.000 millones posibilitarían un cambio en la batalla contra la evasión fiscal. Simplemente ganando esta batalla, se obtnedrían los recursos necesarios para compensar la reducción de ingresos fiscales que se produciría el primer año en caso de que pudieran deducirse los gastos por servicios documentados con facturas y NIF, haciendo que fuera conveniente exigir la factura fiscal.

Otros 20.000 millones permitirían dar más recursos a las familias numerosas y con una sola renta, mediante el “cociente familiar”, sin aumentar la carga fiscal para los solteros. Otros 20.000 millones permitirían financiar la reducción de los impuestos sobre el trabajo, que aumentarían la nómina neta de los trabajadores y reduciría los impuestos sobre la producción. Otros 20.000 millones permitirían asegurar una prestación por desempleo de mayor duración. Otros 40.000 millones permitirían saldar una buena parte de las deudas del Estado con las empresas, que hoy permite esconder el dato de que nuestra deuda supera los 2 billones de euros.

Así pues, con 120.000 millones de euros, de una sola vez, podríamos luchar eficazmente contra la evasión, relanzar el consumo y el trabajo y reducir al menos en un tercio el coste anual de nuestra deuda.

¿De dónde pueden salir estos recursos? Las estadísticas del Banco de Italia correspondientes al  2010 dicen que la riqueza de las familias italianas ascienda a 8,6 billones de euros: 5 en inmuebles y 3,6 en actividades financieras, de los cuales 1,2 están en depósitos inferiores a 50.000 euros.

A pesar de que las familias han ahorrado 50.000 millones en 2010, esta riqueza, debido a la pérdida de valor de los inmuebles y títulos se ha reducido en 180.000 millones de euros, una pérdida que naturalmente se concentra en quienes tenían para perder: en el 10% de las familias que poseen el 44% de la riqueza total, con 1,6 millones de euros cada una.

El Estado podría dirigirse a ellas para recolectar estos miles de millones, con un impuesto patrimonial del 4% de su riqueza, como reclaman algunos partidos. Pero podría evitarse tal impuesto si se llevara a esas familias a suscribir acciones de un fondo de inversión por un importe global de 300.000 millones, que compraría al Estado inmuebles y terrenos públicos que no sean de interés general a su valor actual. Este fondo podría resultar una inversión incluso más segura que la de los títulos estatales, puesto que estaría garantizada con bienes reales.

Este fondo de inversión debería estar administrado por un liquidador único, nombrado por el Jefe del Estado, entre personas de probada virtud. Al cobrar por el valor de esos inmuebles, el Estado dispondría de lo que necesita y la deuda pública inmediatamente bajaría hasta el 100% del PIB.

Al liquidador debería garantizársele por ley un canal preferencial para obtener de las administraciones locales una calificación urbanística para los inmuebles comprados que favorezca el aumento de su valor, con el fin de poder venderlos a particulares, reembolsando las cuotas de los suscriptores con alguna rentabilidad; después de cinco años el Estado reembolsaría todas las cuotas restantes, comprometiéndose a volver a adquirir lo que no se haya vendido, al precio inicial revalorizado con la inflación.

Todos los italianos deberían tener la posibilidad de suscribir cuotas del fondo, pero para los ciudadanos con bienes superiores al millón de euros, debería ser obligatorio suscribirlas por un importe equivalente al 7% de su riqueza. Aquellos que no quisieran o no pudieran esperar al reembolso, podrían vender las cuotas en el libre mercado.

Volver a tener un país en el que se pueda confiar y en desarrollo es de vital interés para quienes deben construirse un hoy y un mañana, pero también para quienes podrían ver cómo se evapora el valor de sus posesiones, ganadas honradamente, heredadas o acumuladas por vías poco correctos.

Este camino, recorrido con transparencia, a la luz del día y en breve plazo, podría ser una ocasión de desarrollo económico y de gran interés. Es un camino distinto a las anteriores operaciones de titulización confiadas a los grandes bancos con escasos resultados o realizadas despilfarrando recursos públicos para provecho de unos cuantos listillos.

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